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El Sen. Marino (UCR) se hizo el desentendido y no citó a Ramos Padilla.

El Sen. Nac. Juan C. Marino (UCR) Presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia y a su vez acusado de abuso sexual, recibió un informe completo del Juez Ramos Padilla sobre el caso Stornelli donde afirma que existe espionaje, pero el Senador miró para otro lado, es decir para el lado de la corporación y no citó al juez a exponer sobre el caso en la comisión que él preside. Ahora Ramos Padilla va a la Comisión de Libertad de Expresión que preside Leopoldo Moreau

 
 
 

El juez que tiene en sus manos la causa por extorsión que describe algunos mecanismos en la “investigación” por hechos de corrupción le envió un informe preliminar al senador pampeano que preside la comisión bicameral de Inteligencia.

“En respuesta puntual a su requerimiento le hago saber que existen numerosos elementos de prueba en el expediente que valorados adecuadamente permiten concluir acerca de la realización de actividades de espionaje ilegal en nuestro país”. Así le respondió por escrito el juez Alejo Ramos Padilla al senador pampeano Juan Carlos Marino.

Marino es presidente de la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de actividades de Inteligencia del Congreso.

El magistrado se presentará esta semana para agregar datos y detalles a su informe, que por escrito adelantó datos sobre el papel de “Marcelo Sebastián D´Alessio como posible agente de la Drug Enforcement Administration o de otra agencia de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica en posible connivencia con agentes y/o ex agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI”.

Ramos Padilla señaló que “a partir de la múltiple información colectada, el imputado tendría vinculación principalmente con operaciones de narcotráfico y terrorismo -como él mismo ha alegado públicamente-, pero además se han hallado informes de inteligencia, de contrainteligencia y de acciones de campo relacionados con dirigentes políticos, periodistas, personas públicas, así como relacionados con investigaciones judiciales de trascendencia”.

En los operativos -adelantó el juez- se ha hallado documentación interna del organismo en poder del imputado Marcelo D´Alessio en formato digital, así como informes que aparecen con membretes de la AFI, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministry of Defense del Estado de Israel, entre otros.

“Se ha hallado material fílmico y fotográfico de las operaciones que habría realizado, así como documentación con datos sensibles y de la intimidad de las personas investigadas (objetivos), tales como listados de llamadas entrantes y salientes, informes migratorios, domicilios, historial laboral y financiero y recolección de datos personales diversos”, enumeró Ramos Padilla en su comunicación a Marino.

Añadió que “más allá de la actividad en sí misma, en la resolución dictada el día 25 de este mes se dio cuenta de algunas operaciones puntuales utilizando “metodologías de investigación” ilícitas, tales como la extorsión, la intimidación o la coacción en el marco de investigaciones paralelas sin autorización legal –pues la AFI ha negado vínculo con el nombrado- ni orden formal concreta de las autoridades judiciales y con conocimiento de las mismas, así como la obtención de réditos económicos indebidos a partir de esas operaciones, y en las imputaciones formuladas a un ex agente de la AFI se dio cuenta acerca del espionaje político sobre determinados periodistas y los reportes que D´Alessio le enviaba a personal de AFI que estaban en actividad”.

Ramos Padilla no tiene dudas de que “los elementos de prueba recogidos durante la investigación judicial provienen de diferentes fuentes independientes con información correlacionada entre sí y permiten concluir lo expuesto precedentemente acerca de la existencia de espionaje ilegal en la Argentina”.

Aclaró que en el envío al Congreso “resulta imposible acompañar toda la prueba recogida, que al mismo tiempo no ha podido ser analizada en su totalidad; por lo que la información que aquí se brinda es preliminar y debe ser ampliada, aun cuando se destaca que el proceso de análisis que se está llevando a cabo –con las limitaciones producidas por la falta de medios- está confirmando lo expuesto”.
Contiene “registros de mensajes y comunicaciones a través de los aparatos celulares utilizados por el imputado Marcelo D´Alessio vinculados a operaciones de ‘puesta en emergencia’ y coacciones en posible connivencia con el Fiscal Federal Carlos Stornelli y periodistas especializados”.

El envío a Marino es de carácter preliminar -insiste el juez- y a partir de “las características de la información y las fuentes diversas de la que proviene es que se remiten en una caja cerrada, lacrada y firmada los anexos en un total de 943 fojas a los que hice referencia, reclamando del Sr. Presidente de la Comisión adopte los recaudos necesarios de reserva y confidencialidad y aquellos necesarios para que no se afecte la presente investigación”

 
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 jueves 13 de diciembre se conoció la noticia sobre una denuncia por abuso sexual realizada por una empleada del Congreso de la Nación contra el senador pampeano Juan Carlos Marino. La presentación legal recayó por sorteo al juzgado federal N° 5 a cargo de Ariel Lijo, y en la que la investigación quedó a cargo del fiscal Federico Delgado.

Marino tiene 55 años; pertenece al partido radical; está casado y tiene dos hijas. Inició su actividad política en 1983 y se desempeñó como integrante de la Mesa y presidente del Comité de su localidad, Miguel Riglos; fue además delegado a la Honorable Convención Provincial; vicepresidente del Comité de la Provincia y delegado por La Pampa al Comité Nacional. Fue 8 años después, en 1991, cuando ingresó a la función pública.

Con 28 años llegó a ser concejal, tras ganar la lista que encabezaba las elecciones para el Concejo Deliberante de su localidad. En 1995, fue electo intendente con el 53% de los votos y en 1999 fue reelecto con el 74 por ciento. Ese cargo lo ocupó hasta el 10 de diciembre de 2003, cuando asumió como senador.

Renovó la banca en 2009 y 2015. Además, en 2007 y en 2011 fue candidato a gobernador de La Pampa por el Frepam (Frente Pampeano Cívico y Social, que integran la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Fregen y otros partidos). En la Cámara alta fue secretario del bloque de la UCR. También presidió la Bicameral de Administración de la Biblioteca del Congreso y actualmente es titular de la de Seguimiento y Control de los Servicios de Inteligencia.

En sus redes sociales apoyó constantemente la aprobación de la denominada Ley Justina sobre la donación de órganos.

 
 
 

 

 

   
   
 

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